Tras el anuncio del decreto que disuelve la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Graciela Aleñá, secretaria general del
Tras el anuncio del decreto que disuelve la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), responsabilizó al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, de crear “rutas nacionales de la muerte”. La medida elimina el organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales, y transfiere sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Aleñá advirtió que la disolución de la DNV es una decisión ideológica que profundizará la peligrosidad de las rutas argentinas, ya que el mantenimiento de las mismas se verá afectado. La sindicalista acusó al gobierno de mentir sobre las funciones del organismo y de utilizar el decreto para hacer negocios, como ocurrió con el Impuesto a los Combustibles, que fueron desviados a otros fines que no fueron las rutas.
La medida también afectará a más de 5500 trabajadores, quienes quedarán desempos, y dejará a 118 rutas nacionales y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento. Aleñá criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía, ya que esto alejará las decisiones de los territorios y debilitará el carácter técnico de la planificación vial.
La nueva agencia quedará atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal, y será una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente. Además, la desregulación de Vialidad Nacional establece una pérdida de la soberanía vial, lo que implicará que las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a estar en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial.
La sindicalista afirmó que la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento se verá comprometida, y que cientos de distritos perderán presencia operativa y trabajadores calificados, lo que afectará no solo la conectividad sino también la economía local y el empleo público.
En conclusión, el decreto que disuelve la DNV tendrá graves consecuencias en el mantenimiento y seguridad de las rutas argentinas, afectará a miles de trabajadores y supondrá una pérdida de soberanía vial. La sindicalista hizo un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto.
